La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires puso por escrito una demanda que hace años se escucha en los pasillos de los tribunales: la creación de nuevos juzgados y tribunales en distintos fueros y departamentos judiciales. La solicitud, que trascendió a través de la cobertura periodística de Infobae, vuelve a instalar en la agenda pública un problema que excede lo presupuestario: cómo se dimensiona la estructura del Poder Judicial en el territorio más poblado del país y qué ocurre cuando la litigiosidad crece más rápido que la planta de jueces, funcionarios y empleados.
Un pedido que llega desde la cúpula del Poder Judicial
El reclamo no proviene de un colegio de abogados ni de una asociación de magistrados, sino del propio órgano de superintendencia del Poder Judicial bonaerense. Ese dato no es menor: la Suprema Corte es quien administra el funcionamiento cotidiano de los tribunales, controla el ingreso de causas, monitorea los tiempos de tramitación y, en definitiva, sufre en primera persona las consecuencias de un sistema que trabaja al límite de su capacidad operativa.
Cuando el máximo tribunal provincial plantea la necesidad de ampliar la estructura, no lo hace desde una posición de lobby sectorial, sino desde la constatación de un desequilibrio verificable: la cantidad de expedientes que ingresan cada año a los distintos fueros supera la capacidad de respuesta de los órganos existentes. La consecuencia directa es un stock de causas pendientes que se acumula, se traslada de un año al otro y termina impactando sobre los justiciables.
Los números que explican la urgencia
La litigiosidad bonaerense tiene particularidades que la vuelven difícil de comparar con cualquier otra jurisdicción del país. Concentra la mayor cantidad de habitantes, el mayor número de departamentos judiciales y una conflictividad social y económica que se expresa en los fueros civil, comercial, laboral, de familia, penal y contencioso administrativo.
A eso se suma un fenómeno que la propia Suprema Corte viene observando en sus informes estadísticos: el ingreso de causas no crece de manera lineal, sino que se dispara en contextos de crisis económica, cuando se multiplican los reclamos por deudas, ejecuciones, despidos, incumplimientos contractuales, amparos de salud y conflictos de familia derivados de la presión sobre los ingresos. Cada uno de esos expedientes exige juez, secretario, personal administrativo, sala de audiencias y tiempo.
La estadística judicial sirve para algo más que para elaborar informes: es la herramienta con la que se detecta en qué departamento judicial un juzgado está resolviendo el doble o el triple de causas que su par de otra jurisdicción, y en qué fueros la demora promedio se vuelve incompatible con una respuesta judicial oportuna.
Qué significa concretamente crear un juzgado
En la Provincia de Buenos Aires, la creación de juzgados y tribunales no se resuelve por acordada ni por decisión administrativa: requiere una ley. La organización del Poder Judicial está regulada por la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 5827), y cualquier ampliación de la planta jurisdiccional debe instrumentarse a través de una norma que establezca cuántos juzgados se crean, con qué competencia territorial y material, y a partir de qué momento comienzan a funcionar.
El circuito es complejo y tiene varias estaciones. Primero, la decisión política y legislativa de crear el órgano. Segundo, la asignación de la partida presupuestaria correspondiente, porque un juzgado sin presupuesto es apenas una expresión de deseo. Tercero, la designación de los magistrados mediante el sistema de concursos de antecedentes y oposición, con impugnaciones y Acuerdo del cuerpo. Cuarto, la cobertura de los cargos de funcionarios y empleados, la obtención de un inmueble adecuado y la puesta en marcha operativa del organismo.
Ese recorrido puede demorar años. De ahí que el pedido de la Suprema Corte tenga un componente de previsión: cuanto antes se decida la creación, antes podrá resolverse la puesta en funcionamiento efectiva.
Un mapa judicial que no creció al mismo ritmo que la conflictividad
Las últimas décadas transformaron profundamente la forma en que los bonaerenses litigan. La reforma del proceso penal, la implementación del sistema acusatorio, la expansión de los fueros de familia, el desarrollo de la mediación previa obligatoria, la protección especial de colectivos vulnerables y la incorporación de trámites digitales modificaron la carga de trabajo de los tribunales.
Sin embargo, la planta de jueces no acompañó ese proceso con la misma velocidad. El resultado es un sistema que compensa la falta de estructura con esfuerzo humano: magistrados que reprograman audiencias, secretarios que multiplican tareas, personal que sostiene el funcionamiento diario con recursos limitados. La tecnología, el expediente electrónico y las mesas de entradas virtuales ayudaron a ganar eficiencia, pero no reemplazan la decisión jurisdiccional.
El impacto real sobre los justiciables
Detrás de cada juzgado saturado hay una persona esperando una respuesta. La tutela judicial efectiva, reconocida en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en los tratados internacionales incorporados por el artículo 75 inciso 22, no exige únicamente que exista un tribunal: exige que ese tribunal resuelva en un plazo razonable.
Cuando los tiempos se estiran, los efectos se encadenan. Un trabajador despedido que espera años por su indemnización, una familia que aguarda una cuota alimentaria, un pequeño empresario que litiga por una deuda o un paciente que necesita una cobertura médica experimentan la demora como una denegación de justicia, aunque formalmente su causa esté en trámite. La morosidad judicial es, en los hechos, una forma silenciosa de restricción de derechos.
El debate presupuestario y el argumento de la eficiencia
Todo pedido de ampliación de la estructura judicial choca inevitablemente con la discusión por los recursos. La objeción habitual es que el Poder Judicial debe primero optimizar lo que tiene antes de pedir más. Se trata de un debate legítimo, pero incompleto: la eficiencia en la gestión —digitalización, indicadores de desempeño, reorganización de secretarías, métodos alternativos de resolución de conflictos— tiene un techo cuando la relación entre causas y órganos supera cierto umbral.
La experiencia comparada muestra que las jurisdicciones que lograron reducir sus tiempos de tramitación combinaron mejoras de gestión con inversión sostenida en planta. No se trata de elegir entre ambas estrategias, sino de reconocer que la demanda de justicia crece y que la respuesta estatal debe guardar alguna proporción con ese crecimiento.
Qué puede esperarse de ahora en más
El pedido de la Suprema Corte bonaerense abre una negociación que involucra al Poder Ejecutivo provincial, a la Legislatura y al propio Poder Judicial. El camino más probable es el de proyectos de ley que creen órganos por etapas, con implementación gradual en los departamentos judiciales más congestionados y con partidas presupuestarias asignadas de manera escalonada.
El éxito de esa hoja de ruta dependerá de factores que exceden lo técnico: la voluntad política de priorizar la inversión judicial, la capacidad de acordar criterios objetivos de distribución y la transparencia en la designación de los nuevos magistrados. Sin esos elementos, la ampliación de la planta puede quedar reducida a un anuncio.
Conclusión
El reclamo de la Suprema Corte provincial no es un capricho corporativo ni una simple demanda salarial encubierta: es el diagnóstico de un sistema que trabaja por encima de su capacidad estructural. La creación de nuevos juzgados y tribunales es una condición necesaria —aunque no suficiente— para que la justicia bonaerense recupere tiempos razonables de respuesta.
Para abogados, litigantes y ciudadanos, la discusión importa en términos concretos: menos demoras, audiencias más cercanas y resoluciones oportunas. Para el Estado provincial, plantea una decisión de fondo sobre cuánto vale, en términos presupuestarios, garantizar el acceso efectivo a la justicia en el territorio más poblado de la Argentina.
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