El Poder Judicial de Mendoza vuelve a sacar la justicia de los tribunales. Según la información difundida por el medio local Noticias «d», el Móvil Judicial se instalará en el departamento de Godoy Cruz para brindar asesoramiento legal gratuito a los vecinos, en una nueva posta de un programa que ya recorrió distintos puntos de la provincia con el objetivo declarado de acercar el servicio de justicia a quienes más lejos están de él.
La propuesta no es un detalle menor en un país donde el costo de una consulta con un abogado particular puede convertirse, en la práctica, en la primera barrera de acceso a la justicia. La iniciativa apunta a que cualquier persona pueda plantear su duda, entender qué camino legal le corresponde y saber si su problema tiene una solución judicial, administrativa o simplemente requiere una gestión ante otro organismo.
Qué es el Móvil Judicial y por qué se instala en los barrios
El Móvil Judicial es una unidad itinerante que traslada parte de la estructura de atención del Poder Judicial fuera de las sedes tradicionales. En lugar de esperar que el ciudadano llegue al edificio de tribunales —muchas veces ubicado lejos de su casa, con horarios acotados y trámites que intimidan—, el Estado provincial lleva el mostrador a la calle.
El formato se repite en varias jurisdicciones del país y responde a una lógica simple: la mayoría de las consultas que recibe la gente común no son casos complejos de alta litigiosidad, sino conflictos cotidianos vinculados con alimentos, cuidado personal de los hijos, régimen de comunicación, divorcios, sucesiones, desalojos, deudas, defensa del consumidor o conflictos laborales. Muchos de esos planteos nunca llegan a un expediente porque el interesado no sabe por dónde empezar ni a quién preguntar.
Cuándo y cómo será la posta en Godoy Cruz
De acuerdo con la información publicada por el medio mendocino, la unidad se desplazará hasta Godoy Cruz en una jornada determinada, con atención al público en un punto del departamento que se difunde a través de los canales oficiales. La recomendación para los vecinos interesados es confirmar día, horario y ubicación exacta en las cuentas institucionales del Poder Judicial de Mendoza o en la comunicación oficial del municipio, ya que se trata de operativos que pueden reprogramarse por cuestiones climáticas, logísticas o de agenda.
La modalidad de atención suele ser por orden de llegada, con turnos asignados en el momento, por lo que conviene concurrir con tiempo y con la documentación ordenada. En experiencias anteriores de este tipo, los organizadores recomiendan llevar el DNI y toda la papelería vinculada al conflicto: partidas de nacimiento, actas de matrimonio, recibos de sueldo, contratos, notificaciones, cartas documento, intimaciones o cualquier resolución que se haya recibido.
Qué se puede consultar y qué no
El servicio funciona como una instancia de orientación jurídica primaria. Allí un profesional —habitualmente abogados, funcionarios o integrantes de equipos interdisciplinarios— escucha el caso, lo encuadra jurídicamente y explica cuáles son las alternativas.
Eso significa que el vecino puede obtener respuestas sobre temas como:
— Cómo iniciar un reclamo por cuota alimentaria o pedir su aumento.
— Qué pasos seguir ante un incumplimiento en el régimen de contacto con los hijos.
— Cómo tramitar un divorcio o una sucesión sencilla.
— Qué herramientas existen frente a un despido, una deuda impaga o un problema de consumo.
— Ante qué organismo concurrir cuando el conflicto no es judicial.
— Cómo consultar el estado de una causa ya iniciada y qué hacer si no hay respuestas.
Lo que el Móvil Judicial no hace es patrocinar judicialmente al consultante, firmar escritos, representarlo ante un juez ni garantizar un resultado favorable. La orientación no reemplaza ni interrumpe el asesoramiento de un abogado de confianza, y en muchos casos la conclusión del operativo es justamente esa: derivar a la persona al profesional adecuado, al organismo competente o a la defensoría oficial cuando corresponde.
El marco constitucional: acceso a la justicia como garantía, no como favor
Detrás de esta actividad hay un principio que excede la buena voluntad institucional. El acceso a la justicia integra el bloque de garantías reconocidas por el artículo 18 de la Constitución Nacional, que asegura la defensa en juicio, y se refuerza con los tratados internacionales de derechos humanos incorporados en el artículo 75 inciso 22, en especial la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Estado no cumple con esas cláusulas solamente cuando dicta sentencias: también lo hace cuando elimina las barreras concretas —económicas, geográficas, culturales y de información— que impiden que una persona llegue a plantear su reclamo. En ese sentido, la asesoría gratuita que sale a recorrer los barrios funciona como un filtro previo de conflictividad: ordena la demanda, evita presentaciones mal armadas y descomprime el sistema judicial.
Justicia itinerante: un modelo que crece en todo el país
La experiencia del Móvil Judicial se inscribe en una tendencia más amplia. Provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta y Neuquén desarrollaron dispositivos similares, con unidades móviles, oficinas de atención descentralizadas o jornadas de consulta en clubes, escuelas y centros comunitarios. El objetivo común es reducir la brecha entre el ciudadano y el sistema.
Los resultados, según los balances difundidos por los propios poderes judiciales, muestran un dato llamativo: una porción considerable de las consultas corresponde a personas que nunca antes habían pisado un tribunal y que se acercan por primera vez a preguntar por un problema que venían postergando durante años.
Conclusión: una consulta a tiempo puede evitar un juicio
La llegada del Móvil Judicial a Godoy Cruz no resuelve por sí sola los problemas estructurales de acceso a la justicia, pero ofrece algo valioso y escaso: la posibilidad de preguntar sin costo, sin turno previo y sin la sensación de estar perdiendo el tiempo. Para quien tiene un conflicto latente, esa conversación inicial puede marcar la diferencia entre dejar pasar el tiempo y perder un derecho, o encauzar el reclamo de manera correcta y a tiempo.
La recomendación es simple: si el operativo llega al barrio y hay una duda legal pendiente, conviene acercarse con los papeles a mano. La consulta es gratuita; las consecuencias de no hacerla, en cambio, suelen tener precio.
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